El proceso de búsqueda debe mantenerse activo en la determinación de las circunstancias de desaparición, la trayectoria y el paradero de las víctimas, incluso cuando la investigación penal haya concluido y exista sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

El Estado debe garantizar las condiciones, mecanismos y herramientas necesarias para que las familias puedan conocer la verdad sobre lo ocurrido y el destino de sus seres queridos.

Debe adoptar todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento, asegurar la recuperación, identificación y restitución digna de los restos.

El Estado debe garantizar el derecho a una reparación integral y a una indemnización justa, adecuada y oportuna, reconociendo el daño causado por la desaparición y sus consecuencias.

Es indispensable promover la coordinación, cooperación y el intercambio de información entre instituciones competentes, asegurando la eficacia de las acciones de búsqueda.

El Estado debe destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para realizar las labores de búsqueda, identificación y restitución.

Se deben identificar, preservar y proteger sitios donde existan indicios o se presuma la presencia de restos humanos o evidencia relevante, evitando su alteración.