- Columna del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo Falcón, publicada en radio Biobío.
Una de las iniciativas relevantes vinculadas con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNB) es el Archivo Nacional de la Memoria, que se puso en marcha recientemente, con el propósito de disponer para la comunidad documentos públicos y privados relacionados con hechos ocurridos durante la dictadura civil militar.
Archivo Nacional de la Memoria
El Archivo Nacional de la Memoria funciona bajo el alero del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y está centrado en colecciones que custodia el Archivo Nacional relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos en contexto de la dictadura, tanto aquellos generados por el Estado así como también privados de valor patrimonial.
La nueva unidad busca apoyar y fortalecer los procesos técnicos para el tratamiento de los documentos. El Archivo Nacional de la Memoria trabaja en colaboración con el equipo de Archivo e Investigación Documental del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de DDHH, dado que forma parte de la matriz del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. En este marco, también ha sido parte de la Mesa Técnica de Archivos Públicos, que durante el año pasado se enfocó en el relevamiento documental del material que poseen el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Archivo Nacional y el Poder Judicial.
Hay que considerar que las Comisiones de Verdad que se constituyeron luego del retorno de la democracia utilizaron documentación recopilada por familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil (principalmente vinculadas a las Iglesias) y no recurrieron de manera sistemática y organizada a la documentación producida por el Estado.
Con el tiempo, el trabajo de diversos actores permitió comprender que tal documentación constituye una fuente principal en el registro y prueba de los crímenes perpetrados, suscitando nuevas prácticas e institucionalidad para dar respuesta a las demandas que realizaron las personas víctimas y sus organizaciones a las autoridades democráticas que sobrevinieron, como señala el Informe de la Primera Fase de la Mesa Técnica de Archivos, concluida en 2024.
Esta primera etapa arrojó la existencia de sobre 36 mil unidades de instalación (soportes físicos o contenedores donde se guardan y organizan los documentos) pertinentes a los propósitos del PNB entre las instituciones participantes.
Relevantamiento documental en regiones
Asimismo, se estimó que el trabajo debía ampliarse territorialmente, para lo cual en la segunda fase de la Mesa Técnica de Archivos, iniciada en mayo de este año, se invitó a participar a los archivos regionales de Antofagasta, Atacama, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
El objetivo es realizar pilotos regionales de relevamiento documental considerando los siguientes factores: cantidad de personas víctimas de desaparición forzada en tales territorios, presencia de unidades regionales tanto de policías como de servicios del sector justicia que mantengan documentación, existencia de potenciales colaboraciones con universidades regionales, documentación producida por las Vicarías de la Solidaridad que se mantengan en los organismos eclesiásticos, entre otros aspectos a considerar.
Es por ello que se han sostenido encuentros con los equipos de los archivos regionales mencionados con el objetivo de poder realizar una primera identificación de documentación de interés, y así poder avanzar hacia la revisión de dichos documentos.
No hay dudas de que este trabajo enmarcado en el Plan Nacional de Búsqueda es de una importancia trascendental para el establecimiento de la verdad, la justicia y la historia de nuestro país, por lo que agradecemos a quienes lo están desarrollando con tanta seriedad y compromiso.
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