• La Mesa Técnica de Archivos Públicos celebró su primera reunión de 2025, dando inicio a la segunda fase de su trabajo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda para “identificar, acceder y organizar archivos generados por personas naturales e instituciones públicas y privadas que contengan documentación que permita reconstruir las trayectorias de personas víctimas de desaparición forzada”.
• Se trata de una instancia inédita de articulación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil enfocadas en derechos humanos. Su misión es identificar y facilitar el acceso a documentación relevante para los procesos de búsqueda, verdad y justicia.
La sesión de constitución de esta segunda fase se realizó el pasado 7 de mayo, con la participación de la Subsecretaría de Derechos Humanos —en representación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos—, la Subsecretaría del Patrimonio y la Directora del Servicio Médico Legal, junto a otras autoridades. Durante la jornada, los representantes de las instituciones involucradas marcaron oficialmente el comienzo de esta nueva etapa de trabajo.
Nuevos actores se suman a la mesa
A los equipos técnicos y de archivo del Poder Judicial, de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Justicia y Derechos Humanos y del Archivo Nacional -que continuarán trabajando-, se sumarán nuevos equipos.
Las nuevas contrapartes -o puntos focales- pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL); Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) y Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH).
Esta última, a su vez, está conformada por el Archivo Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH), Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de Santiago de Chile (Archivo DGA); Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH); Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC); Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE); Fundación Salvador Allende (FSA); Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL); Londres 38 Espacio de Memorias; Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) y Fundación Víctor Jara.
Hacia la segunda entrega del Catastro Nacional de Archivos
La segunda fase contempla la elaboración de una nueva entrega del Catastro Nacional de Archivos, que incluirá el aporte de las nuevas instituciones e iniciará planes piloto para ampliar la identificación, análisis e investigación de documentación a nivel regional. En una primera instancia, esta labor se enfocará en las regiones de Antofagasta, Atacama, Biobío, Araucanía y Los Ríos.
Otro objetivo clave será dar continuidad a los planes de trabajo establecidos durante la primera fase, perfeccionando criterios técnicos y afinando metodologías institucionales, con miras a garantizar la optimización y sostenibilidad de los procesos.
Un trabajo complejo y sin precedentes
El avance de la primera fase evidencia la complejidad de la tarea. Entre los principales desafíos detectados está la diversidad de formas e instrumentos que cada institución maneja para la descripción de sus archivos, la falta de digitalización total de la documentación identificada como de interés, las restricciones de acceso para los equipos técnicos e investigadores. A ello se suma la insuficiencia de recursos humanos para revisar el gran volumen documental y la necesidad de digitalizar los archivos priorizados en el catastro.
A pesar de las dificultades, la rigurosidad, dedicación y compromiso de los equipos permitió hacer entrega del Primer Avance del Catastro Nacional de Archivos, el que dio cuenta de la existencia de 36.177 unidades de instalación de interés.
Este material, compuesto por archivos administrativos producidos por el Estado —que registran directa o indirectamente violaciones a los derechos humanos—, constituye una fuente clave para los objetivos del plan.
La Mesa Técnica de Archivos Públicos avanza así en un proceso histórico, articulando por primera vez a instituciones públicas y privadas con el propósito de transformar la documentación disponible en insumos concretos para la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria.
