• El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, visitó la mina La Veleidosa en Tocopilla, en el contexto de los trabajos que se llevan adelante en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
• La acción se desarrolló con la participación activa de los familiares de las víctimas y en coordinación con los equipos técnicos y de contención psicosocial que forman parte de esta política de Estado.
En el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, visitó el pasado viernes el sitio de trabajos habilitado en la mina La Veleidosa, en Tocopilla, donde se desarrollaron nuevas diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y destino final de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil militar (1973-1990).
La acción fue decretada por el ministro en Visita Extraordinaria Sergio Troncoso y contó con la presencia de los representantes de la Agrupación de Víctimas de Tocopilla y del Sitio de Memoria de la Providencia, cumpliendo así el mandato del Plan Nacional de Búsqueda de propiciar la participación y acceso a la información de las y los familiares en todas las etapas de la búsqueda.
Precisamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, se reunió en el lugar con familiares y representantes de esas organizaciones, y con los distintos equipos ahí desplegados, reafirmando que “el Plan Nacional de Búsqueda es una de las principales prioridades del Gobierno”.
“El Presidente de la República nos mandató a elaborar junto a las familias de las víctimas de desaparición forzada esta política pública, la que es fundamental para nuestro Gobierno, que se conecta con la conciencia propiamente tal de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra memoria. Lo que queremos es que el Plan Nacional de Búsqueda ayude a sanar heridas tan profundas que tiene nuestra sociedad”, dijo Gajardo.
“No puede ser que tengamos todavía 1.469 personas detenidas desaparecidas y por lo mismo se está haciendo este esfuerzo. Se están desarrollando diligencias en muchos sitios. Tenemos mucha esperanza de que podamos, ojalá, tener hallazgos concretos. Y si no, poder cerrar capítulos también, de que se hizo todos los esfuerzos posibles, que el Estado puso todo lo que tenía para ir cerrando capítulos”, complementó la autoridad.
En el lugar también estuvo presente la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, Trissy Figueroa; la Delegada Presidencial Provincial de Tocopilla, Rachel Cortés; la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano y el equipo psicosocial y la Directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, además de integrantes del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y de la ONG Rescate Atacama.
La exploración a la Mina La Veleidosa se dio en el contexto de la continuidad de las labores de búsqueda dentro del pique minero realizadas en 2024 las que consistieron en la inspección, toma de medidas y determinación de puntos de anclaje para la instalación de escaleras al interior del pique de la mina.
En esta ocasión, Rescate Atacama intentó terminar la exploración total para proceder al levantamiento de evidencias de interés, de acuerdo al criterio de los organismos técnicos especializados.
Sin embargo, tras avanzar en la internación a la mina en los días previos, en la última jornada se produjo algunos desprendimientos que no permitieron el descenso seguro y se debió finalizar la tarea sin resultados positivos.
Marcelino Bruna, jefe interior de la mina de ONG Rescate Atacama, explicó que “logramos alcanzar los 220 metros de profundidad, sin embargo, con la caída de material no pudimos mantener la comunicación con los rescatistas que estaban dentro y por un tema de seguridad, decidimos suspender la diligencia”.
Para la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano resulta importante señalar que “se trata de una diligencia compleja, en la que además de garantizar las participación de los familiares requiere de la contención psicosocial. Es nuestro deber considerar la evaluación y adopción de medidas de cuidado para todas las personas que intervendrán. En este caso, además, debemos considerar de que se trata de un pique minero abandonado y que ha sido intervenido previamente”.
De todos modos, la investigación continuará y ONG Rescate Atacama en las próximas semanas nuevamente deberá establecer un sistema de descenso y ascenso fijo y seguro para que el personal especializado pueda recoger evidencias desde el sitio de interés.
Antecedentes
Esta diligencia surge a raíz de la querella interpuesta por el Programa de Derechos Humanos en 2023, para dar continuidad a las acciones realizadas a principios de los años 90, y se realiza en favor de las víctimas de los delitos de inhumación y exhumación ilegal Claudio Rómulo Tognola Ríos, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Carlos Miguel Garay Benavides, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Luis Alberto Gómez Cerda, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz Cornejo.
Anteriormente, en 1990, una investigación realizada por el magistrado Jorge Cortés Monroy, del Primer Juzgado del Crimen de Tocopilla (Rol N°3.231-1990), concluyó que la mina habría sido dinamitada e incendiada en sus entradas y galerías.
Sin embargo y pese a la precariedad de los medios utilizados en dicho tiempo, se logró encontrar restos parciales de cuatro víctimas: Agustín Villarroel, Carlos Garay, Luis Segovia y Claudio Tognola.
En los años 2000 familiares de las víctimas presentaron una querella criminal por los delitos de secuestro agravado, lesiones y asociación ilícita. El juez Juan Guzmán Tapia fue designado como ministro instructor de la causa.
En este contexto se realizaron nuevas prospecciones y trabajos que no arrojaron resultados favorables.
Posteriormente y pese a las intenciones de realizar nuevamente diligencias de búsqueda en la Mina “La Veleidosa” estas nunca se lograron concretar, principalmente por falta de financiamiento.
En adelante se trabajó en determinar las responsabilidades penales de quienes ejecutaron o secuestraron a las víctimas, dejando en pausa labores de búsqueda o diligencias orientadas a determinar el destino final de las víctimas.
Hasta ahora que, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, se han retomado los trabajos. “Esta diligencia, tal como otras, son producto del análisis y estudio de las diversas hipótesis de desaparición y búsqueda, fundamentaciones que se fortalecen a través del diálogo que sostenemos con las familias de las víctimas”, apuntó la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.