Presentan querella por los delitos de inhumación y exhumación ilegal de 110 víctimas de detención forzada

Presentan querella por los delitos de inhumación y exhumación ilegal de 110 víctimas de detención forzada

– Esta acción representa al mayor número de víctimas desde la implementación del Plan Nacional de Búsqueda en 2023 y sitúa a Cuesta Barriga como sitio de interés.

– Más de cincuenta documentos acompañan el escrito, entre ellos, las declaraciones judiciales entregadas por agentes de la dictadura en procesos anteriores.

 

El pasado viernes, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, cerca de una treintena de familiares de personas víctimas de detención forzada acompañaron a la Subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla y a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, en la presentación de una querella en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de inhumación y exhumación ilegal, cometidos en perjuicio de 110 personas víctimas de desaparición forzada.

Se trata de personas que fueron detenidas entre 1976 y 1977, tanto por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como del Comando Conjunto Antisubversivo, órganos represores que se organizaron para la persecución de opositores a la dictadura civil militar y que, se ha establecido, utilizaron la Cuesta Barriga como lugar de muerte, inhumación y posteriormente exhumación de las personas víctimas. Además, se da cuenta del caso de un detenido, quien fue fusilado por personal de Carabineros de Chile de la Tenencia de Curacaví, que a la fecha no ha podido ser encontrado.

Así queda establecido en diez procesos judiciales que dan fundamento a la acción judicial, en los que se cuentan las declaraciones de cerca de 15 agentes de la dictadura, prestadas entre 2007 y 2014, que sitúan el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, Ruta G-68, como el lugar utilizado para cometer los delitos de inhumación y exhumación ilegal -delitos previstos y sancionados en los artículos 320 y 322 del Código Penal-.

La Subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla explicó el objetivo de la acción . “Hoy estamos presentando esta querella criminal en contra de los responsables, directa o indirectamente, en la inhumación ilegal y exhumación ilegal. Son  110 víctimas, por las cuales estamos presentando en este escrito”. 

 

 

Por su parte, la abogada del Programa de Derechos Humanos Macarena Milovic quién trabajó en el estudio y redacción del escrito señaló que “a raíz de las causas judiciales tramitadas previamente podemos identificar el lugar específico donde se produjeron los hechos, que es la Cuesta Barriga, pero en un lugar bastante acotado. En ese tiempo las investigaciones se centraban en buscar a los responsables de los delitos de secuestro y homicidio de las víctimas, pero hoy apuntamos a la investigación del delito de inhumación y exhumación ilegal y con ello, la búsqueda”. 

De acuerdo con el análisis realizado por el Programa de Derechos Humanos, las investigaciones realizadas en las causas anteriores no agotaron la posibilidad de obtener algún tipo de hallazgo por lo que, en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, Cuesta Barriga es un lugar de interés para la búsqueda de las víctimas individualizadas en la querella.

 

Las 110 víctimas

Esta acción representa al mayor número de víctimas desde la implementación del Plan Nacional de Búsqueda en 2023.

Al respecto, la jefa del Programa de Derechos Humanos Paulina Zamorano, explica la importancia de incorporar la búsqueda a los procesos de verdad y justicia.

“Hoy, como Programa, somos parte querellante y/o coadyuvante, en más de 460 procesos judiciales en los que se investigan no sólo el paradero de las víctimas, en el caso de las víctimas desaparecidas, sino que también se busca determinar las responsabilidades criminales. Por eso, el Plan de Búsqueda, es una política pública enfocada en la búsqueda de mayor verdad y justicia, reconociendo la lucha histórica de los familiares de las víctimas, quienes impulsaron de manera conjunta los valores por la verdad y la justicia, como pilares fundamentales de la justicia transicional, y es también el mandato que como Estado debemos cumplir”.

El texto consolida antecedentes de tres episodios distintos: uno a cargo de la DINA, otro al Comando Conjunto y el último cometido por Carabineros de Curacaví.

Si bien los grupos represivos de la dictadura apuntaron a la persecución general de los simpatizantes de la Unidad Popular, sí se han identificado periodos en que la persecución y muerte se focalizó en determinados grupos.

En este contexto, de las 110 víctimas que forman parte del universo de esta querella, 92 fueron víctimas de la DINA, de las cuales 62 pertenecían al Partido Comunista y 4 fueron secuestradas en el marco de la Operación Cóndor. Si bien, el objetivo de la DINA era perseguir a todos los partidos de izquierda que estaban proscritos, en los primeros años, fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el que sufrió la mayor persecución; en 1975 desbarató a los comités centrales del Partido Socialista y entre 1976 y 1977 la se enfocó en los militantes que formaban parte del Comité Central del Partido Comunista, y ya en 1977 la persecución apuntó a los chilenos que estaban reorganizándose en el extranjero.

También se incorpora en esta querella a una de las siete víctimas fusiladas el 16 de septiembre de 1973, a manos de carabineros pertenecientes a la Tenencia de Curacaví, hechos que fueron investigados en las causas Rol N°2.182-98 “Episodio José Barrera Barrera” y Rol N°143-2011 de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Por otra parte, el Comando Conjunto Antisubversivo, operó entre los años 1975 y 1976, siendo su objetivo el de la detención, tortura y desaparición de opositores a la dictadura militar. Al igual que la DINA la persecución fue general, pero entre agosto a diciembre de 1975 se estrechó la persecución de militantes de la Regional Sur del Partido Comunista pasando, a fines de 1975, a los militantes de las Juventudes Comunistas. Los antecedentes investigados en procesos judiciales dan cuenta del uso del sector Quebrada La Mina de la Cuesta Barriga como lugar de muerte, inhumación y exhumación. Las 17 víctimas presentadas en el escrito fueron detenidas en el año 1976 por agentes del Comando Conjunto Antisubversivo y registran su paso por el recinto clandestino de detención llamado “La Firma”.

Por este centro pasó Alfonso Araya Castillo, detenido a los 27 años, mueblista, militante de las Juventudes Comunistas y casado con Ester Araneda, que a esa fecha tenía siete meses de embarazo. Hoy, con 78 años y junto a su hija, viajaron desde Concepción para acompañar la presentación de la querella.

“Mi esposo desapareció el 9 de septiembre de 1976, y por eso está en este listado. Con la agrupación hemos presentado todas las querellas posibles, toda la vida, con el tiempo conocimos más o menos quiénes eran los culpables… Pero esto, lo de hoy, para mí es súper importante, porque lo que busca el plan de búsqueda es saber el destino final de cada uno de nuestros familiares”, señala Ester.

Y continúa: “Porque siempre pienso: me queda poca vida, entonces yo quiero saber qué pasó con mi esposo, sé que lo detuvieron, pero después de eso, ¿qué? Con esta querella se va a investigar Cuesta Barriga, entonces yo quiero saber qué pasó con mi familia. Cuando él desapareció yo tenía siete meses de embarazo, y yo le dije en la guatita a mi hija que íbamos a luchar juntas. Y así lo hemos hecho, las dos hemos enfrentado todo esto y ella me acompaña a todas partes”.

Testimonio en el cual coincide su hija Marisol Araya, “toda mi vida supe que mi papá era detenido desaparecido, no tengo una fecha exacta de haber incorporado en mi vida esta realidad, siempre he acompañado a mi mamá, a la Vicaría, a las marchas, a las actividades. Mi mamá fue una de las fundadoras de la agrupación en Concepción y participó en la huelga de hambre del 78, en ese tiempo yo tenía dos años”.

“Es un caso bastante atípico porque muchas de las mujeres que estaban embarazadas fueron detenidas, al igual que sus compañeros, y hasta el día de hoy nadie sabe nada de esos niños. En medio de toda esta violencia, tuve la fortuna de nacer y hoy estoy aquí, con mi mamá, con la familia de mi papá, sus amigos y sus compañeros… Seguiremos luchando, buscando la verdad de lo que pasó y cuál fue su destino final”, reflexionó.

VER NÓMINA VÍCTIMAS DE DETENCIÓN FORZADA (hacer clic)