Solicitan reapertura de investigación por ejecuciones e inhumaciones realizadas en el río Mapocho

  • La petición se enmarca en la indagación que el equipo del Área de Búsqueda y Trayectorias del Programa de Derechos Humanos realizó respecto al ciudadano brasileño Luiz Carlos de Almeida, ejecutado el 14 de septiembre de 1973.

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La presentación del escrito se llevó a cabo el martes 2 de septiembre en las dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y aporta nuevos antecedentes que, si son acogidos en su forma y fondo, podrían permitir la reapertura de la causa Rol N°368-2012 por los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de Luiz Carlos de Almeida.

A la diligencia judicial asistieron la jefa del Área de Búsqueda del Programa de Derechos Humanos, Magdalena Garcés; el abogado Javier Contreras; el historiador Esteban Miranda; el sacerdote Tomás Sherz, miembro del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda; Juana Aguilera, integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura; Claudia Lara, hija de Eduardo Lara, detenido desaparecido; Fernanda Plaza, de la Municipalidad de Cerro Navia, y pobladores de la comunidad cristiana de Villa Francia.

La solicitud surge en el marco del trabajo del Área de Búsqueda y Trayectorias, a partir del cual se ha logrado tener acceso a antecedentes nuevos relacionados con la desaparición de la víctima. Judicialmente, se estableció que el 14 de septiembre de 1973, Carabineros detuvo en el sector de Barrancas a Luiz Carlos de Almeida, junto a otra víctima de su misma nacionalidad. Ambos fueron trasladados en primer lugar a una comisaría del sector y luego al Estadio Nacional. Desde allí fueron llevados a orillas del río Mapocho, junto a un ciudadano uruguayo, donde fueron ejecutados. Al fusilamiento sobrevivió Luis Carlos De Almeida Vieira, el segundo brasileño detenido.

De acuerdo con los datos obtenidos hasta la fecha, la investigación desarrollada por el Área de Búsqueda y Trayectorias del Programa de Derechos Humanos indica que, aunque los resultados de las excavaciones realizadas en la década de 1990 resultaron infructuosos, no se prosiguió con nuevas diligencias en terreno. Sin embargo, existen antecedentes adicionales que podrían ser considerados para la reapertura de la causa.

Entre ellos se encuentran los testimonios ofrecidos, especialmente por pobladores de la zona, que han sido recibidos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Dichos relatos coinciden en que entre septiembre y octubre de 1973, al poniente del Puente Resbalón, se produjeron hallazgos de decenas de cuerpos, los cuales fueron prontamente inhumados por religiosas y habitantes de la localidad.

Así, a partir de estos relatos se han podido establecer nuevos puntos de interés en los que habrían tenido lugar los entierros.

 

 

OTROS ANTECEDENTES

Entre los escritos destacan los cuadernos y cartas personales de las religiosas Blanca Rengifo y Odile Loubet, material recuperado recientemente que se ha puesto a disposición a través de publicaciones como la investigación “Hermanas del pueblo: Odile Loubet y las religiosas de la resistencia”, del autor Samuel Laurent-Xu (LOM Ediciones, 2024), y “Blanca Rengifo: una monja rebelde”, de Esteban Miranda, historiador del Área de Búsqueda del Programa de Derechos Humanos (Ediciones Escaparate, 2020).

En estos documentos se menciona a religiosas que, entre otras labores, junto a pobladores, habrían participado en el rescate de cuerpos en el río Mapocho y que habrían salvado a Luiz Carlos de Almeida Vieira, sobreviviente de la ejecución realizada a orillas del cauce.

Otro dato relevante es la carta del entonces vicario de la Zona Oeste de Santiago, Fernando Ariztía, enviada a Augusto Pinochet el 18 de septiembre de 1973, en la que indica que “en el Mapocho que bordea estas poblaciones [Herminda de la Victoria y otras] han aparecido numerosos cadáveres, en número mayor a veinte, de lo que han sido testigos centenares de pobladores, hombres, mujeres y niños. Presentan heridas de bala. No ha habido ningún combate en estos sectores, por lo cual no podemos liberarnos de la idea de que hayan sido fusilados. Algunos de estos cuerpos, para que no sean devorados por los perros, han sido, en un gesto fraternal, enterrados por los mismos pobladores en las tierras que bordean el río”.

A lo mencionado se suma el testimonio del sobreviviente Luiz Carlos de Almeida Vieira, entregado desde Suecia en 2013, en una audiencia pública de la Comisión Nacional de Verdad en Brasil, quien aporta información respecto al fusilamiento. “El uruguayo se encaminó hacia la orilla del río y se arrojó en las aguas, siendo inmediatamente ametrallado por un soldado. El oficial ordenó que Luiz Carlos hiciera lo mismo. Un soldado lo siguió y disparó repetidamente. Luego fue mi turno. De las tres balas que me alcanzaron, una pasó raspando mi cabeza, haciéndome perder el sentido por algún momento. Cuando recuperé la conciencia, me sentí arrastrado por la suave corriente del río, oí las voces de los soldados, vi las luces de los camiones reflejándose en las aguas, iluminando los cuerpos inertes de mis compañeros. Era el único sobreviviente.”

 


FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 

La solicitud se sustenta en la Ley N°19.123, que establece el derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena en su conjunto, respecto a la ubicación del cuerpo y a la determinación de las circunstancias que rodearon la desaparición o la muerte de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en nuestro país.

Asimismo, también se menciona el Decreto N°98, de 06 de septiembre de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia y establece que el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos será el órgano ejecutor de la referida política pública. En dicha labor, podrá actuar por sí mismo o en coordinación con las instituciones responsables o colaboradoras que hayan adquirido compromisos en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

En concordancia con la Ley N°19.123, se definió que el objetivo general del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia es esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente, conforme a las obligaciones internacionales.