Tras sentencia condenatoria de la Corte IDH: Suprema realizó audiencia pública por aplicación de media prescripción en causas de delitos de lesa humanidad

• La audiencia, que se retomará el próximo 22 de octubre, forma parte de las medidas de reparación que el Estado de Chile debe llevar a cabo tras aplicar la “media prescripción” o “prescripción gradual”, en procesos penales seguidos por delitos de lesa humanidad.

• Se considera a la instancia judicial internacional competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidos por los Estados una vez ratificada la Convención Americana. Chile, se hizo parte en agosto de 1990.
  

(Fotografías: gentileza del Poder Judicial de Chile).

El 26 de septiembre, en la sala del Pleno de la Corte Suprema de Chile se realizó la primera parte de la audiencia de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado de Chile por el caso “Vega González y otros VS. Chile”.

Dicha resolución fue dictada por la Corte IDH el 12 de marzo de 2024 y estableció la responsabilidad estatal en la violación a los derechos de las garantías judiciales con la aplicación de la figura de la media prescripción o prescripción gradual, entre los años 2007 y 2010, lo que implicó la atenuación de las penas impuestas -reducción o rebaja de condenas- a violadores de derechos humanos en 14 causas judiciales, respecto de las cuales, el Programa de Derechos Humanos fue parte en 13 de ellas.

La audiencia que se realizó entre las 09.00 y las 13.30 horas fue presidida por el ministro Manuel Antonio Valderrama y contó con una amplia participación de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. En ella, comparecieron los abogados representantes de las víctimas y de los sentenciados en los procesos que fueron materia de revisión por parte de la Corte IDH.

Sin embargo, solo se alcanzaron a presentar los alegatos de la defensa de los agentes responsables de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, ocurridos durante la dictadura civil y militar por lo que la actividad se retomará el próximo 22 de octubre a partir de 10:00 horas, con los alegatos de la abogada representante de las víctimas, Sra. Karinna Fernández, abogada jefa del Programa de Derechos Humanos, Sra. Paulina Zamorano, abogado representante del Consejo de Defensa del Estado Sr. Daniel Martorell y el abogado representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Sr. Francisco Bustos.

Los defensores de los sentenciados solicitaron la no revisión de las condenas para evitar el posible incremento del tiempo de condena de quienes se encuentran privados de libertad o reingresar a los centros de reclusión por parte de quienes ya cumplieron la condena.

En este sentido apelaron al principio de no injerencia de cortes internacionales ante las decisiones adoptadas por el poder judicial chileno -soberanía punitiva- infringiendo además el derecho del debido proceso y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores. También apelaron a que, con la adopción de esta sentencia, se estaría vulnerando el principio de la cosa juzgada.

Difusión

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

La Corte IDH resolvió las siguientes medidas de reparación integral:

1. Revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción;
2. Adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad;
3. Brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, o en su caso pagar un monto establecido de manera subsidiaria;
4. Realizar las publicaciones y difusiones de esta sentencia y su resumen oficial;
5. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, y
6. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos.