Pasa a discusión en la Sala de la Cámara: Avanza el proyecto que busca otorgar rango legal al “Plan Nacional de Búsqueda”

El pasado miércoles, y por unanimidad, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios despachó al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que “Establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, boletín N° 17839-17.

En la sesión, de discusión y votación en particular, se dio revisión a las 13 indicaciones presentadas, en un plazo récord de cinco días, por las diputadas y los diputados Carolina Tello, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Emilia Schneider, Andrés Giordano y Roberto Celedón, en un plazo récord de cinco días.

Por el Ejecutivo, intervino en la sesión la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, siendo consultada acerca del patrocinio de este proyecto por parte del Ejecutivo.

Tras el debate y con un texto aprobado, el proyecto pasa a discusión del pleno de la Cámara definiéndose que sea la diputada Lorena Pizarro quien presente el proyecto. De ser aprobado en esa instancia, la iniciativa continuará su tramitación en el Senado.

El proyecto apunta a que el Plan Nacional de Búsqueda, tal como lo estipula el Decreto Supremo N°98, debe ser una tarea permanente del Estado de Chile en la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo a sus autores “con esta iniciativa se estaría otorgando continuidad institucional, herramientas y responsabilidades claras para avanzar en verdad, justicia y reparación”.

El proyecto original, moción presentada por las diputadas y diputados Lorena Fríes, Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Sagardia, Jaime Sáez, Carolina Tello y Ericka Ñanco, fue ingresado el 15 de septiembre de 2025, logrando importantes avances en su tramitación.

Discusión: Proyecto de cumplimiento alternativo de penas por motivos de enfermedad o edad avanzada.

Tras revisión del proyecto, la Sala del Senado aplazó en forma indefinida la discusión del proyecto de ley que tenía como objetivo que las personas condenadas que sufran enfermedades y/o pertenezcan a la tercera edad, terminen el cumplimiento de su pena en arresto domiciliario total.

La principal discusión se dio en torno a que la iniciativa habría permitido que esta forma alternativa de cumplimiento iría en favor de condenados por crímenes de lesa humanidad y de otros acusados de la comisión de graves delitos.

Así lo señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo, quien estuvo presente en la discusión. “Nosotros creemos que es un proyecto que no debe ser aprobado, porque no distingue el tipo de delitos para que las personas puedan ser beneficiarias, es contradictorio con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, además, puede generar graves efectos en materia de impunidad frente a crímenes graves de diverso tipo”.