Interponen querella en favor de 72 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar en la Región del Biobío

• La presentación de esta querella busca impulsar la investigación respecto a los delitos de inhumación y exhumación ilegal, eventualmente cometidos en cuatro puntos de la región.

• En paralelo, se interpuso una denuncia fundamentada en testimonios que señalan un posible lugar de inhumación ilegal en la Región de Ñuble.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, junto con la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y el abogado Gabriel Ramos, interpusieron una querella ante la Corte de Apelaciones de Concepción que representa a 72 víctimas de desaparición forzada de la Región del Biobío. Este recurso judicial que agrupa al mayor número de víctimas de la dictadura civil militar desde la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y la primera en la región.

La querella presentada junto a representantes de agrupaciones de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos, busca que se investiguen los delitos de inhumación y exhumación ilegal que se habrían cometido en determinados lugares de la región, así como sancionar a los responsables -en calidad de autores, cómplices o encubridores- “al máximo de las penas que señala la ley, con costas”.

La subsecretaria Daniela Quintanilla señaló que la Región del Biobío es la segunda en Chile con la mayor cantidad de detenidos desaparecidos, “por lo mismo es que hemos depositado mucha energía y recursos para seguir avanzando en las investigaciones como parte del Plan de Búsqueda. Uno de los compromisos que tenemos como Estado es continuar con las investigaciones. En este caso se trata de la desaparición forzada de 71 hombres y una mujer que, al momento de su detención por organismos del Estado, tenían edades entre los 14 y 70 años”.

El documento presentado señala que las víctimas fueron secuestradas “y en cuyas muertes y/o desapariciones estuvieron involucrados efectivos militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°3 Los Ángeles y/o personal de Carabineros de Chile de la zona”.

En este sentido, el documento cita antecedentes recabados en distintos procesos judiciales, principalmente en la causa Rol N° 2.182-98 Episodio “Endesa”, entregando el detalle de testimonios de quienes aportaron información sobre lugares de inhumación y exhumación de víctimas de desaparición forzada y que “no fueron en su momento suficientemente indagados, existiendo a nuestro juicio, diligencias que se pueden cumplir con el fin de agotar los sitios de interés que se han definido”, fundamenta el escrito.

Los lugares serían, entre otros, el sector La Mona en Los Ángeles; Río Rarinco; Tenencia Antuco y sector Cuatro Juntas, al interior de la Reserva Nacional Ñuble.

Verónica Heredia Burgos, hija de Juan Isaías Heredia Olivares, una de las víctimas, manifestó: “La presentación de esta querella para buscar los restos de mi padre y conocer su destino final es un paso importante. Estoy emocionada”, afirmó, subrayando que ha habido un avance en las gestiones gubernamentales en relación con estas violaciones a los derechos humanos.

Reconoce que “a partir de este gobierno las puertas se nos han abierto y hemos ido logrando avanzar paso a paso o más rápido de lo que habíamos logrado en los 50 años anteriores. No es un día para celebrar, pero sí para estar satisfecho porque es una conclusión del trabajo que hemos hecho durante 52 años”.

En palabras de Andrés Fonseca, trabajador social del Programa de Derechos Humanos en la región del Biobío -y en Ñuble, Biobío y La Araucanía-. “Hemos notado mayor interés por el Plan Nacional de Búsqueda. Nos han dicho que están satisfechos con el trabajo que ha hecho el Programa. Ahora… esta presentación levanta muchas expectativas porque se abre la posibilidad de que se realicen diligencias de búsqueda en la Provincia de Biobío”.

La percepción se sustenta en la experiencia que ha adquirido en su rol acompañamiento. En este contexto, previo a la presentación de la querella, se realizó un encuentro explicativo con cerca de 25 familiares a quienes se les dio a conocer los detalles de lo que implicaba presentar esta acción. Esta modalidad de trabajo la aplica el Área Social del programa cada vez que se llevan a cabo diligencias del Plan.

“Cuando fuimos a presentar los detalles de la querella, participaron familiares de Los Ángeles, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén. Tenían dudas con el Plan Nacional de Búsqueda. Decían que como era una política pública nueva su instalación iba a demorar y ahora ven acciones concretas y de esta envergadura, una querella por 72 víctimas no es algo menor”.

Por último señalar que la querella solicita al tribunal que despache una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y que se oficie al Servicio Médico Legal para obtener un informe detallado sobre todos los procesos de identificación realizados y pendientes.


INTERPONEN DENUNCIA

Durante su reciente viaje a la Región del Biobío, la abogada y jefa del Programa de Derechos Humanos Paulina Zamorano presentó un escrito de denuncia ante la Corte de Apelaciones de Concepción, en el que solicita la realización de diligencias, incluida la toma de declaraciones a testigos.

Esta acción legal se fundamenta en los testimonios de personas que se acercaron al programa que dirige para ofrecer información sobre un posible lugar de inhumación ilegal ubicado en una zona rural de la Región de Ñuble.

El escrito se complementa con información georreferenciada del sitio de interés, elaborada por los analistas del Programa de Derechos Humanos.

Es importante resaltar que estas declaraciones son parte del proceso de recepción de antecedentes que lleva a cabo el programa, en cumplimiento del primer objetivo específico del Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como fin esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de personas víctimas de desaparición forzada.

Desde la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, aproximadamente 180 personas han colaborado aportando información relevante, lo que ha permitido al Programa de Derechos Humanos analizar, complementar y presentar acciones judiciales cuando se cuentan con los fundamentos suficientes para avanzar en la búsqueda.

  →  Nómina de las 72 víctimas (hacer clic aquí)