Gobierno promulga Ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial
- Ley N° 21.775 crea una nueva categoría jurídica que reconoce a las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos, como víctimas de desaparición forzada.
- El Servicio de Registro Civil e Identificación estará a cargo de la creación y mantención de dicha nómina, definida como una medida de reparación simbólica esperada por décadas por las familias de las víctimas de la dictadura.
- El “Registro Especial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada”, entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
| ⇒ LEY NÚM. 21.775 INTRODUCE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE AUSENTE POR DESAPARICIÓN FORZADA Y CREA REGISTRO ESPECIAL (Hacer clic) |
El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, intervinieron hoy en la promulgación de la Ley N° 21.775, que Introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial.
En la ceremonia participaron autoridades del Ejecutivo, del Parlamento, familiares de víctimas, así como personalidades del mundo de los derechos humanos.
La nueva ley reconoce de manera expresa a las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura. El cuerpo legal crea una nueva categoría jurídica que permite al Estado reconocer oficialmente a las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos, como víctimas de desaparición forzada, mandatando al Servicio de Registro Civil e Identificación la creación y mantención de un Registro Especial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada. Este deberá estar en operaciones en el plazo de seis meses después de publicada la normativa en el Diario Oficial.
El articulado forma parte de la agenda legislativa del gobierno con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y es una iniciativa clave de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
El Vicepresidente de la República Alvaro Elizalde destacó que: “Sabemos que este acto no repara el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí reafirma algo fundamental, que el Estado asume su responsabilidad histórica y seguirá trabajando para que estos horrores no vuelvan a repetirse. Este avance se suma al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, que busca esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y promover una reparación integral basada en la verdad”.
“Nuestro Gobierno ha asumido como una tarea ineludible mantener viva la memoria de las víctimas y fortalecer las instituciones democráticas, para que nunca más el terror sea una política de Estado. Queremos que este registro sea también una herramienta de memoria colectiva, que permita a las nuevas generaciones conocer lo que ocurrió, comprender su magnitud y reafirmar el valor irrenunciable de los DD.HH. en nuestra convivencia democrática”, afirmó el Vicepresidente Elizalde.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, relevó que: “Esta ley es fundamental para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Es el reconocimiento que merecían las agrupaciones y los familiares. Es un reconocimiento que lamentablemente llega tarde, llegan 52 años del golpe militar, pero que sin embargo da cuenta de la importancia que tiene para nuestro país que se reconozca la desaparición forzada. Y asimismo también es parte de la reparación que se indudablemente requieren las familias de las personas que se encuentran ausentes por desaparición forzada.”
Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada
La iniciativa crea un registro público, gratuito y digital, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el contexto del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, incorporando antecedentes provenientes de comisiones de verdad y sentencias judiciales.
Las familias de las víctimas tendrán la posibilidad de obtener un certificado en el Registro Civil que indique que la persona está inscrita en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada (PADF).
Serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada todas las víctimas que sean señaladas en alguno de los siguientes documentos oficiales:
- Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
- Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
- Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
- Otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de similar naturaleza, creados o reconocidos por ley.
- Sentencias judiciales de procesos penales o regulados por la Ley 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas. Para ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos analizará las sentencias y antecedentes de manera de que permitan afirmar la calidad de persona ausente por desaparición forzada.
En la inscripción se consignará el nombre completo de la persona víctima y su rol único nacional. Asimismo, el Registro Civil incorporará la siguiente información en caso de contar con ella:
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de la desaparición.
- Nombre y apellido de sus progenitores y de su cónyuge e hijos, si los tuviere.
- La profesión, oficio, título(s) póstumo(s) u otra información que conduzca a su individualización detallada.
- La fecha en que la persona fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma; así como la fecha y lugar de su último paradero conocido.
- Mención de los procesos judiciales relacionados con la persona en su calidad de víctima de desaparición forzada.
La ley fue presentada en moción parlamentaria en 2022, por las siguientes diputadas y diputados: Lorena Pizarro Sierra, María Candelaria Acevedo Sáez, Nathalie Castillo Rojas, Carmen Hertz Cádiz, Camila Musante Müller, Emilia Nuyado Ancapichún y Coca Ericka Ñanco Vásquez y de los diputados Tomás Hirsch Goldschmidt, Jaime Naranjo Ortiz y Alberto Undurraga Vicuña.