LUIS ALBERTO PINO SOTO ES VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA

Un error administrativo de transcripción excluyó del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a Luis Alberto Pino Soto, un estudiante de 15 años de la ciudad de Arica, impidiendo su calificación formal como víctima de desaparición forzada (detenido desaparecido). Su paradero se desconoce desde el 1 de julio de 1986 hasta la fecha.

Así lo determinó el 28 de enero de 2026, el 19° Juzgado Civil de Santiago (Rol V-217-2025), tras acoger la acción declarativa interpuesta el 12 de septiembre de 2025 por el Programa de Derechos Humanos, entidad responsable del Plan Nacional de Búsqueda. En esta acción se expuso la incongruencia de los registros de la época, solicitando a la instancia judicial el reconocimiento oficial de Luis Pino Soto como víctima de desaparición forzada, calificación que debió haber sido incluida en el informe final de la Comisión de Verdad, conocido como “Informe Rettig”, de acuerdo con lo declarado por su familia, abogados y organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, se pidió a la instancia judicial que se subsanaran los errores administrativos y se declarara el derecho de sus familiares a acceder a medidas reparatorias: pensiones de reparación, atención médica, y asistencia legal y judicial. Sin embargo, estos requerimientos no fueron acogidos en atención a que eran asuntos que debían resolverse por vía administrativa y no judicial. Ante esto, la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra despachando oficios a las instituciones correspondientes que deben pronunciarse sobre las medidas reparatorias.

En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, se informa que, en los próximos días, Luis Pino Soto formará parte de la Nómina Única de Víctimas de Desaparición Forzada y del Mapa de Trayectorias. Además, en los próximos meses se instalará una placa en su honor en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General.

LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

El Programa fue alertado de la situación por la Organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos de Arica. El caso quedó al descubierto cuando la familia de Pino recibió una notificación del Servicio Electoral (Servel), la que consignaba que el joven no se presentó a votar en la elección de representantes para el Consejo Constitucional en septiembre de 2023. Ello pese a que en la Región de Arica y Parinacota era un hecho sabido que el estudiante había desaparecido tras ser interceptado por uniformados. Asimismo, la búsqueda que la familia ha realizado en los últimos 40 años también era ampliamente conocida en la zona.

De esta manera, la citada notificación evidenció que el joven todavía no era considerado una víctima calificada (“oficial”) de violaciones a los derechos humanos.

La omisión se produjo pese a que sus padres, Víctor Pino y María Soto, entregaron a tiempo la documentación requerida por la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuya misión, entre otras, era “reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y establecer su suerte y paradero”. No obstante, el informe final no incluyó el nombre del estudiante.

En este contexto, el Programa de Derechos Humanos, a través del Área de Archivo e Investigación Documental, inició una indagación sobre los antecedentes que pudieran ofrecer respuestas respecto a la situación de Luis. Se determinó finalmente una incongruencia en las actas de las sesiones de la Comisión Rettig, dado que, mientras se indicaba que Luis Pino efectivamente había sido una víctima de violación a los derechos humanos, por otro lado, no se concretó su inclusión.

A su caso se le asignó el código 68, el mismo que se aplicó a situaciones ocurridas entre agosto de 1977 y marzo de 1990. La ficha N°68 registró como antecedentes la extrema juventud de la víctima, que aún no había cumplido 16 años; la falta de motivos para abandonar voluntariamente su hogar; su buena trayectoria académica; su desaparición en el momento en que salió a conseguir un cuaderno para continuar con sus tareas escolares; la existencia de un Paro Nacional de Actividades en las horas posteriores a su desaparición, y el hecho que la ciudad de Arica estaba siendo fuertemente patrullada por efectivos de seguridad y militares. Por otro lado, el cuerpo de la víctima no fue encontrado y otros antecedentes llevaron a que “esta comisión solo puede estimar, por ahora, como un hecho cierto y verificable la desaparición forzada de Luis Alberto Pino Soto”.

El Programa pudo corroborar que la Comisión sí determinó la calidad de víctima detenida desaparecida para Luis Alberto, tal como está registrado en el Acta de la Sesión 72, celebrada el 27 de diciembre de 1990: “Los elementos reunidos permitieron a la Comisión formarse convicción de que se trataba de una víctima”. Sin embargo, durante la elaboración provisoria del informe, el abogado a cargo anotó junto al número de caso (68) y el número de sesión (72) la abreviatura “SIN CONVIC”, es decir, “sin convicción”.

“Es importante mencionar lo fundamental que fue para este hallazgo realizar una revisión acuciosa de toda la documentación disponible, y no solo de los antecedentes contenidos en la carpeta de calificación y el acta ya señalada. En efecto, la incongruencia fue pesquisada a propósito de un documento menor y de uso interno: el listado de casos asignados al abogado Sergio Corbalán. En dicha lista y escrito a mano se indicaba la categoría de “sin convicción” aun cuando el acta a la que se hacía referencia señalaba lo contrario”, indica Tamara Lagos, coordinadora del área de archivos e investigación documental.

En este mismo sentido, Evelyn Soto, historiadora y archivista del Programa de Derechos Humanos, agrega “ser parte del equipo que posibilitó este cruce de información y hallazgo ha sido fuente de inspiración y ha materializado en un acto concreto de reconocimiento el compromiso y rigor con que intentamos trabajar diariamente. Del mismo modo ha demostrado que el trabajo con documentación histórica y administrativa permite producir hallazgos incluso 30 años después”.    

Durante todo el proceso desde el Programa de Derechos Humanos se mantuvo un acompañamiento psicosocial a la familia nuclear de Luis Alberto además de una coordinación con las agrupaciones de derechos humanos de Arica. Preservando el cuidado psicoemocional de quienes han participado a través de los años en la reivindicación de Luís como víctima de violencia política.

Como señala el 19° Juzgado Civil de Santiago en su sentencia, “de los antecedentes revisados, resulta evidente que fue voluntad de la Comisión incluir al solicitado en la nómina de víctimas y solo por un error de traspaso de información no fue calificado en esa condición, lo que se atribuye a un entendible error humano, considerando el procesamiento manual de datos en esa época, siendo un error administrativo manifiesto”. 

LOS HECHOS

“Yo era un niño. Acompañé a mi mamá a golpear todas las puertas que se podían golpear, no nos dieron respuesta en ninguna parte. Por mucho tiempo, mi hermano fue alguien que se fue de la casa, que se fue con la polola o algo así… Este es un paso del Plan Nacional [de Búsqueda], de verdad hace justicia. Yo espero que tenga justicia y quizás podamos enterrar a mi hermano en algún lugar”.
Hans Pino en Arica al Día, 27 de febrero de 2026.

A las 13.45 horas del martes 1° de julio de 1986, después de asistir a clases, Luis Alberto Pino Soto (15), el segundo de cuatro hermanos, salió de su hogar, ubicado en la población Santa Rosa de Arica, a buscar un cuaderno a la casa de un compañero del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, pero no regresó. El país se preparaba para el paro nacional llamado a realizarse los días 2 y 3 y la mayoría de las ciudades del país, al igual que en Arica, se observaba una fuerte vigilancia policial y militar en las calles.

Sus padres, Víctor Pino y María Soto, lo esperaron toda la noche, pero Luis no regresó. Al amanecer, angustiados y sin noticias de él, decidieron salir a buscarlo. Fueron a Carabineros y a la Policía, también al liceo donde estudiaba, conversaron con sus profesores, sus compañeros y los vecinos. Sin embargo, ni esa noche ni en las siguientes obtuvieron alguna información sobre su paradero. Hoy, su búsqueda se ha extendido a lo largo de cuatro décadas.

LA INVESTIGACIÓN PENAL

La arista penal de la causa está siendo investigada en la causa Rol 26-2024 a cargo del ministro en visita Sergio Troncoso, luego de que la familia presentara una querella a través del abogado Francisco Bustos, y en la que se hizo parte el Programa de Derechos Humanos. El profesional que estuvo presente en el acto señaló que “se la ha dado la razón a la familia de Luis Pino Soto, que ha vivido una verdadera odisea (…). La familia cuenta que la directora del liceo escondió los libros de clases y negó que Luis hubiese sido alumno (…). Durante la dictadura recibieron maltrato y crueldad, en democracia les cerraron las puertas. Por eso, aunque tardíamente, este acto reconoce su tesón”.

En este mismo sentido, el abogado del Programa de Derechos Humanos a cargo del proceso judicial, Álvaro Aburto señala que la investigación está abierta, explorando diversos indicios que enmarcan la desaparición de Luis en el recrudecimiento de la represión por parte de los organismos de la dictadura, a partir del aumento de las protestas y la movilización social.”

CEREMONIA

El jueves pasado, la familia del joven estudiante recibió de manos del ministro de Justicia Jaime Gajardo, la carpeta de calificación de Pino Soto. “El Estado está enmendando un error profundo que se cometió con Luis Alberto Pino Soto, su familia y con la memoria de la ciudad de Arica porque, a pesar de que se habían entregado los antecedentes a la Comisión de Verdad y Reconciliación, por un error administrativo no fue calificado como una víctima de la dictadura militar”, señaló el ministro en la región nortina.

De esta manera, “a través del Plan Nacional de Búsqueda, y del trabajo de investigación y de análisis documental, se pudo avanzar en el reconocimiento de la calidad de víctima de desaparición forzada de Luis Pino. Esta investigación no sólo nos acerca hacia la verdad respecto de lo que sucedió a Luis Pino Soto, sino que constituye un acto de justicia para la víctima y de sus familiares, y un paso importante en materia de memoria.”, señala Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda.