Programa de Derechos Humanos presenta querella por el delito de secuestro calificado, en el contexto del Episodio Liquiñe.

El martes 3 de marzo, el Programa de Derechos Humanos interpuso ante el Ministro en Visita Extraordinaria Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, del delito de secuestro calificado, tipificado y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.

La acción judicial se interpone por el secuestro calificado de Eliseo Maximiliano Tracanao Pincheira, Miguel José Tracanao Pincheira y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira, quienes fueron detenidos en el Fundo Trafún, el 10 de octubre de 1973, en el marco del operativo represivo realizado por Carabineros de Liquiñe y personal militar proveniente de Valdivia.

A la presentación de la querella asistieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de La Araucanía y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe, quienes manifestaron su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.

La interposición de la presente querella por parte del Programa de Derechos Humanos se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales del Estado en materia de investigación y persecución de graves violaciones a los derechos humanos.

 

 

LAS VÍCTIMAS:

Alejandro Antonio Tracanao Pincheira, de 22 años de edad, obrero maderero, viudo y padre de dos hijos; José Miguel Tracanao Pincheira, de 31 años; y Eliseo Maximiliano Tracanao Pincheira, de 18 años, soltero y obrero maderero, fueron detenidos en el Fundo Trafún, el 10 de octubre de 1973, en el contexto del operativo represivo realizado por carabineros de Liquiñe y personal militar proveniente de Valdivia, que estaban alojados en la Hostería de Liquiñe.

Luego, las víctimas fueron sacadas la noche del 10 de octubre desde la Hostería de Liquiñe, y trasladados hasta el puente del río Toltén a la entrada de la ciudad de Villarrica. En dicho lugar fueron fusilados y sus cuerpos arrojados al río. Con el paso de los días, los cuerpos -a pesar de haber sido introducidos en sacos lastrados con piedras – flotaron y vararon en las orillas del río, siendo hallados por trabajadores y boteros del sector, quienes dieron aviso de forma inmediata a Carabineros. Por orden del jefe de turno, funcionarios de carabineros procedieron a empujar los cadáveres de vuelta a la corriente, para hacer desaparecer los cuerpos.

Catalina Ross Fredes, abogada del Programa de Derechos Humanos, indica: “Dicha acción tiene por objeto avanzar en el esclarecimiento de los hechos que afectaron a la familia Tracanao, cuyos tres integrantes fueron detenidos y posteriormente desaparecidos, sin que a la fecha exista una resolución judicial firme que determine de manera definitiva las circunstancias de su detención, traslado, ejecución en el puente sobre el río Toltén y la posterior desaparición de sus cuerpos. En este contexto, se estima procedente promover las actuaciones judiciales pertinentes que permitan continuar profundizando en la determinación de los hechos y en la eventual identificación de responsabilidades penales. La interposición de la querella constituye, en tal sentido, un mecanismo procesal contemplado en el ordenamiento jurídico para impulsar diligencias investigativas y contribuir al debido esclarecimiento de lo ocurrido, conforme a derecho”

CONTEXTO DE LA QUERELLA – EPISODIO LIQUIÑE

En la zona precordillerana de Panguipulli, desde noviembre de 1970, trabajadores forestales y campesinos protagonizaron una serie de tomas de fundos forestales, que dieron paso a un proyecto inédito de producción forestal por parte de trabajadores. En marzo de 1971, más de 360.000 hectáreas fueron expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular y poco tiempo después se constituyó el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, que formó parte de la denominada “Área de Propiedad Social”, instaurada por el gobierno del presidente Salvador Allende.

Una vez producido el golpe de Estado, fuerzas militares y de la aviación coparon los territorios que formaban parte del Complejo Maderero y se produjeron operativos conjuntos en diversos poblados y zonas rurales aledañas. Centenares de personas fueron detenidas y/o sometidas a torturas, un grupo de 12 personas, trabajadores forestales de Neltume y militantes del MIR de Valdivia fueron fusiladas tras el paso por la ciudad de la Caravana de la muerte, en un “supuesto” Consejo de Guerra. En Chihuío, 17 personas fueron víctimas de desaparición forzada.

El 10 de octubre de 1973, en el pueblo de Liquiñe y localidades aledañas (fundos Trafún, Carranco y Paimún), un contingente conjunto de Carabineros y personal de Ejército proveniente de Valdivia, con civiles y el apoyo de funcionarios del Grupo N° 3 de Helicópteros de Maquehue, ejecutó un operativo represivo en contra trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y otras personas que habitaban dicha localidad. Los uniformados portaban listados previamente confeccionados con los nombres de las personas a detener y se movilizaban en vehículos policiales, vehículos particulares, una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero y la ambulancia del Retén de Liquiñe. Dichos operativos se realizaron al margen de todo proceso judicial y a distintas horas del día y de la noche. La noche del 10 de octubre de 1973, carabineros del retén de Liquiñe, militares y civiles de la zona afines al régimen militar, detuvieron a 15 personas, las que fueron trasladadas hasta la hostería de Liquiñe. Posteriormente, los detenidos habrían sido trasladados en una caravana hasta el puente sobre el río Toltén en Villarrica, fusiladas y sus cuerpos arrojados al curso del rio. 

De acuerdo con testimonios de familiares y testigos, los aprehensores se movilizaban en vehículos particulares, una camioneta del SAG, un vehículo policial, una ambulancia del retén de Liquiñe y contaban además con el apoyo de un helicóptero de la FACH, proveniente del Grupo N° 3 Maquehue, de Temuco. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la hostería de Liquiñe, de propiedad de Julián García, donde fueron golpeados.

Los hechos acaecidos en Liquiñe fueron investigados por el Ministro Alejandro Solís Muñoz, quien condenó a dos personas por su responsabilidad en el secuestro de once personas víctimas de los sucesos de Liquiñe. Sin embargo, la detención y posterior desaparición de Alberto Reinante Raipán y de los hermanos Alejandro Antonio, José Miguel y Eliseo Maximiliano Tracanao Pincheira no fue investigada.

Magdalena Garcés, coordinadora del área de búsqueda y trayectorias del Programa de Derechos, resalta esta investigación en los siguientes términos: “La acción judicial interpuesta por el Programa de DDHH responde a una deuda histórica con la familia Tracanao, que sufrió la detención y posterior desaparición de tres de sus integrantes. Estos hechos no han sido investigados por los Tribunales de justicia ni se ha establecido de manera fehaciente quienes participaron en la detención, traslado y ejecución de las víctimas en el puente sobre el río Toltén y/o en la posterior desaparición de sus cuerpos. La interposición de la querella cumple con la obligación estatal de emprender acciones de oficio, sin perjuicio del deber de realizar las acciones de búsqueda que sean necesarias respecto de las 15 personas víctimas de Liquiñe”.

Para Claudia Bascuñan, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe “La presentación de esta querella constituye un paso necesario para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y para que los tribunales determinen las responsabilidades de quienes resulten culpables de estos crímenes. Como Agrupación reiteramos que la búsqueda de verdad y justicia no puede seguir postergandose y por lo mismo expresamos nuestro apoyo a la querella presentada. Sabemos que el civil Luis García estuvo involucrado en estas detenciones, por eso valoramos que hoy su nombre sea mencionado, ya que abre la posibilidad de esclarecer su participación en la detención y desaparición de nuestros familiares”

El Programa de DDHH solicitó acumular la presente querella a la causa Rol 15-2013, sustanciada por el Ministro Alvaro Mesa Latorre, que investiga la detención y desaparición de Alberto Segundo Reinante Raipán, quien fue detenido y desaparecido en el mismo operativo represivo.